Las recientes contingencias ambientales registradas en la Zona Metropolitana del Valle de México han vuelto a colocar en el centro del debate la necesidad de reducir las emisiones contaminantes, particularmente las generadas por el sector transporte, uno de los principales responsables del deterioro en la calidad del aire.
Anaid Velasco Ramírez, gerente de Política Pública e Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que la transformación del transporte debe ser una prioridad dentro de las políticas públicas si se busca disminuir de manera efectiva los niveles de contaminación.
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Datos de la Secretaría de Medio Ambiente indican que este sector genera alrededor del 23% de las emisiones contaminantes en el país, superando incluso a la industria y al sector energético.
Ante este panorama, organizaciones ambientales han identificado tres acciones clave para avanzar en la reducción de emisiones: impulsar la movilidad eléctrica, particularmente en el transporte público; mejorar la calidad de los combustibles utilizados en el país; y actualizar los estándares tecnológicos del parque vehicular, con especial énfasis en el transporte pesado.
Velasco Ramírez explicó que el debate sobre el uso de combustibles más limpios en México se ha prolongado por más de una década sin lograr avances decisivos.
“En México no hemos podido dar ese salto al 100% hacia combustibles más limpios”, afirmó.
Uno de los principales obstáculos radica en la división de responsabilidades entre autoridades. Mientras la Secretaría de Energía regula los combustibles, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece los estándares tecnológicos para los vehículos.
Esta situación ha generado un debate recurrente sobre qué debe implementarse primero: combustibles de mayor calidad o vehículos con tecnología más avanzada.
Sin embargo, especialistas consideran que ambas medidas pueden avanzar de manera paralela mediante regulaciones más estrictas.
La Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE establece las especificaciones de calidad para petrolíferos como gasolinas, diésel y turbosina. En el caso del diésel, plantea que en todo el territorio nacional debería comercializarse diésel de ultra bajo azufre (DUBA), con un máximo de 15 mg/kg de azufre.
No obstante, la producción nacional aún no cumple plenamente con este estándar.
Gonzalo Monroy explicó que el problema tiene raíces estructurales, ya que el crudo extraído en México es pesado y contiene altos niveles de azufre.
“La NOM-016 Pemex no la ha podido cumplir; se han otorgado prórrogas desde 2009”, señaló.
Un reto ambiental y de salud pública
Más allá del impacto ambiental, la contaminación atmosférica también representa un desafío económico y sanitario.
Velasco Ramírez advirtió que las contingencias ambientales se han vuelto recurrentes en determinadas épocas del año, lo que evidencia un problema estructural.
“Lamentablemente hemos normalizado vivir en esta temporada del año con contingencias ambientales. No es solo un problema ambiental, también es económico y de salud pública”, subrayó.
De acuerdo con las Cuentas Económicas y Ecológicas de México elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo de la degradación ambiental en 2024 representó el 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
De ese total, el 2.5% está relacionado con la contaminación del aire, lo que refleja el peso económico de este problema en el país.
Además de los costos económicos, la mala calidad del aire impacta en la salud de la población y en la actividad productiva.
Electromovilidad como alternativa
En paralelo a la mejora de los combustibles, especialistas coinciden en que México debe avanzar hacia la electrificación del transporte.
Velasco Ramírez destacó que la transición hacia vehículos eléctricos debería priorizar el transporte público, ya que permite reducir emisiones de forma más eficiente y con mayor impacto en la población.
En este contexto, el gobierno federal ha anunciado diversas iniciativas para promover la movilidad eléctrica, incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo y el denominado Plan México, que contemplan incentivos para vehículos eléctricos y el impulso a tecnologías desarrolladas en el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha planteado proyectos de innovación vinculados con la electromovilidad.
No obstante, especialistas advierten que para concretar estas metas será necesario garantizar financiamiento y políticas públicas específicas, así como facilitar el acceso a recursos internacionales destinados a proyectos de transporte sustentable.
Para expertos del sector ambiental, las contingencias atmosféricas ponen de relieve la urgencia de acelerar la transición hacia combustibles más limpios y sistemas de transporte menos contaminantes.
Además de su impacto económico, la exposición prolongada a contaminantes del aire se asocia con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, lo que convierte la calidad del aire en un desafío de salud pública.
Nota Editorial: Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
