La falta de seguridad en las carreteras del país ha generado una grave problemática para la industria del transporte, la cual está viendo cómo los sobrecostos derivados de los robos y extorsiones afectan directamente a los transportistas y, por ende, a los consumidores. Este escenario, además, está incrementando el déficit de operadores de tractocamiones, una situación que, de no ser atendida, podría empeorar drásticamente en los próximos años.
En una reciente declaración, industriales, transportistas y empresarios de servicios de seguridad privada hicieron un llamado urgente al próximo gobierno para que tome medidas contundentes para frenar esta crisis de seguridad que afecta a toda la cadena de suministro, desde el transporte de mercancías hasta el costo final para los consumidores.
El costo inflacionario de la inseguridad en carreteras
Los robos constantes a los autotransportistas de carga no solo suponen una pérdida económica directa, sino que también generan un “costo inflacionario” que acaba repercutiendo en los consumidores. Claudia Sánchez Porras, directora general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), señaló que los transportistas se ven obligados a pagar altos costos en medidas de seguridad, lo que incrementa los precios de los productos transportados.
“Esta situación nos afecta profundamente, tanto en los costos operativos como en la disponibilidad de conductores”, declaró Sánchez Porras. Actualmente, la industria enfrenta un déficit de 56,000 operadores de tractocamiones, y se espera que esta cifra aumente a 106,000 para el 2028. Este es un problema crítico, ya que, a pesar de los esfuerzos, las tasas de graduación en los centros de formación de operadores no son suficientes para revertir esta tendencia.
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La falta de seguridad no solo desalienta a los conductores actuales, sino que también desincentiva a futuros aspirantes a la profesión. En este sentido, Sánchez Porras hizo hincapié en la necesidad de una estrategia integral de seguridad pública que ponga fin a la impunidad. “La seguridad en las carreteras debe ser una prioridad para el próximo gobierno. Sin seguridad, no hay transporte, y sin transporte, la economía se paraliza”, advirtió.
La industria y los consumidores, atrapados en un ciclo inflacionario
Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), subrayó que la industria ha tenido que asumir parte de los costos asociados a la inseguridad, pero estos no pueden absorberse por completo. “La manufactura es particularmente vulnerable al robo y la extorsión, lo que afecta gravemente a la cadena de suministro”, indicó Malagón.
Cuando las empresas se ven obligadas a invertir en seguridad adicional, esos costos acaban reflejándose en los precios de los productos finales, lo que contribuye al fenómeno inflacionario que afecta a todo el país. Esto crea un círculo vicioso en el que los consumidores pagan más por bienes de primera necesidad debido a los sobrecostos asociados a la inseguridad.
Por si fuera poco, las zonas con altos índices de violencia y criminalidad también experimentan una reducción en las inversiones nacionales y extranjeras, ya que las empresas no están dispuestas a correr riesgos en áreas donde la seguridad no está garantizada. Esta disminución en las inversiones repercute negativamente en el desarrollo económico de las regiones afectadas, lo que a su vez agrava la situación de inseguridad y falta de oportunidades.
Propuestas para el próximo gobierno: fortalecer el Estado de derecho
Ante este complejo panorama, los industriales y transportistas ven en el cambio de administración una oportunidad para exigir medidas que fortalezcan el Estado de derecho. Una de las propuestas clave es el refuerzo de las instituciones de justicia y la lucha contra la impunidad, factores esenciales para mejorar la seguridad en el país.
Malagón destacó que es fundamental trabajar en la formalización de los casi un millón de personas que laboran en servicios de seguridad privada. Estas personas desempeñan un papel crucial en la protección de las mercancías en tránsito, pero a menudo carecen de la formación y las herramientas necesarias para hacer frente a la delincuencia organizada.
Acuerdos para reforzar la seguridad en el transporte
Durante un evento reciente, directivos de las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume) firmaron un convenio con la Canacar con el objetivo de reforzar la seguridad en el transporte de mercancías. Este acuerdo busca promover el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en la protección del sector.
Armando Zúñiga Salinas, presidente de Asume, señaló que los desafíos de seguridad actuales han convertido a las empresas de seguridad privada en actores estratégicos en la protección de los empleados, las inversiones y las instalaciones industriales del país. Sin embargo, también hizo un llamado a los legisladores para actualizar la Ley de Seguridad Privada, que actualmente se encuentra obsoleta y no responde a las necesidades de profesionalización del sector.
Legislación y reforma para enfrentar la extorsión
Uno de los principales problemas que enfrentan las empresas es la extorsión, una práctica delictiva que afecta a toda la cadena de suministro. Zúñiga Salinas propuso que la ley de extorsión se eleve a nivel federal, lo que requeriría una reforma constitucional para garantizar su efectividad.
La extorsión no solo implica un costo económico, sino que también genera incertidumbre y temor en las empresas, lo que frena la inversión y el crecimiento económico. Abordar este problema desde el ámbito legislativo es fundamental para ofrecer mayor seguridad y confianza a las empresas que operan en el país.
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