La reciente propuesta de la Agencia Canadiense de Transporte (CTA) de imponer una tarifa de 790 dólares por cada queja de un cliente resuelta por la industria ha desatado una ola de preocupaciones sobre la competitividad del transporte aéreo en Canadá. Peter Cerdá, vicepresidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, expresó que esta medida podría tener consecuencias graves para un sector ya golpeado por altos costos operativos.
Según la CTA, la tarifa se establece con la intención de agilizar la resolución de quejas, pero el costo adicional podría resultar en un desincentivo para que las aerolíneas inviertan en el país. “Las aerolíneas ya enfrentan costos operativos extremadamente altos en Canadá, y esta carga adicional inclinaria aún más la balanza desfavorablemente”, advirtió Cerdá.
La propuesta, que está abierta a consulta durante un mes, afectaría a las quejas válidas procesadas y cerradas por la agencia. La CTA estima que podría resolver alrededor de 22,600 quejas al año, lo que implicaría un costo total cercano a los 30 millones de dólares. Este monto incluye salarios de funcionarios, servicios jurídicos y otros gastos operativos.
Cerdá enfatizó que “debemos considerar cómo afectaría esta política a la posición de Canadá en los mercados internacionales”. La preocupación radica en que una carga de tarifa anual de 17.9 millones de dólares para la industria puede desincentivar a las aerolíneas a expandir sus rutas o invertir en operaciones canadienses. “Esto tendrá un impacto negativo en la conectividad aérea y en las contribuciones positivas del transporte aéreo a la economía de Canadá”, añadió.
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Las reacciones no se han hecho esperar. Jadrino Huot, portavoz de la CTA, aclaró que solo las aerolíneas estarían obligadas a pagar la tasa, que también se aplicaría a unas 45,000 quejas recibidas antes del 30 de septiembre de 2023. Sin embargo, las dos principales aerolíneas del país ya han manifestado su oposición al plan. Andy Gibbons, vicepresidente de asuntos externos de WestJet Airlines, afirmó que “imponer nuevos costos a una industria ya cargada de tarifas es una mala idea, especialmente en una crisis de asequibilidad”.
Esta situación pone en relieve la delicada balanza entre la protección del consumidor y la sostenibilidad del sector. Las tarifas impuestas para la resolución de quejas pueden parecer una solución lógica para mejorar el servicio al cliente, pero la realidad es que los costos adicionales podrían repercutir en la calidad del servicio y la disponibilidad de opciones para los viajeros.
Los consumidores, por su parte, podrían enfrentar un escenario en el que las aerolíneas, presionadas por la carga de nuevas tarifas, reduzcan la oferta de vuelos o incrementen los precios de los pasajes. Esto, a su vez, puede limitar la accesibilidad del transporte aéreo para muchos canadienses.
La consulta abierta por la CTA es una oportunidad para que todas las partes interesadas expresen sus opiniones sobre esta propuesta. Sin embargo, es crucial que se tomen en cuenta las implicaciones a largo plazo que estas tarifas pueden tener en la competitividad del sector y en la economía en general.
A medida que se desarrollan estas discusiones, la comunidad del transporte aéreo en Canadá se enfrenta a un dilema: ¿cómo garantizar la protección de los derechos de los pasajeros sin sacrificar la viabilidad de la industria? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro del transporte aéreo canadiense y su capacidad para competir en un mercado global cada vez más desafiante.
Fuente: A21
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